Bogotá, 2 de febrero de 2026 — La Agencia Nacional de Tierras (ANT) se encuentra en el centro de una nueva polémica política por la adjudicación de un contrato millonario para viajes que fue cuestionado por la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia (Centro Democrático). La denuncia, que toma fuerza en medio de un clima de ajuste fiscal y debate sobre austeridad, señala el uso presuntamente excesivo de recursos públicos en tiquetes aéreos que incluirían vuelos chárter para directivos de la entidad, incluso en rutas con alternativas comerciales más económicas.
Valencia aseguró que, mientras el gobierno del presidente Gustavo Petro promueve medidas de austeridad ante una emergencia económica, la ANT contrató vuelos que dejaron un gasto total de más de $4.500 millones de pesos con la firma Recio Turismo S.A. para el suministro de tiquetes aéreos de funcionarios de la entidad. El contrato había sido inicialmente suscrito por $3.024 millones en junio de 2025, pero terminó incrementándose tras una adición presupuestal para alcanzar un monto de $4.536 millones.
Viajes chárter y ejemplos cuestionados
Entre los ejemplos presentados por la congresista, figura un vuelo chárter entre Bogotá y Aguachica (Cesar) para nueve personas que costó $21 millones de pesos, a pesar de que el valor de los tiquetes comerciales para esa ruta es sustancialmente menor. “Incluso suponiendo que viajaron las nueve personas, la diferencia supera los $16 millones”, dijo Valencia. Asimismo, denunció un vuelo Bogotá–Puerto Berrío–Bogotá para el director de la ANT y su esquema de seguridad por $26 millones, pese a que esa ruta se podría cubrir con alternativas más económicas combinando vuelos comerciales y transporte terrestre.
La senadora señaló que el recurso utilizado para estos viajes no solo cubrió vuelos comerciales, sino también vuelos chárter, que suman más de $179 millones del total del contrato.
Contexto de la denuncia y otros contratos
La denuncia cobra relevancia política al coincidir con la discusión sobre la emergencia económica declarada por el Gobierno —actualmente congelada por orden de la Corte Constitucional— y las recientes propuestas para ajustar el gasto público y aumentar impuestos. Para Valencia, el contrato representa un contraste entre el llamado al ahorro fiscal y presuntos gastos exorbitantes en desplazamientos oficiales.
Además de los viajes, la senadora denunció que la ANT adjudicó directamente un contrato por más de $25.000 millones de pesos con el Canal 13 para la realización de eventos en 2026, sin licitación pública, lo que —según ella— excluiría la participación de empresas privadas y limitaría la competencia por precios, configurando una práctica “a dedo”.
Críticas políticas y fiscales
Valencia sostuvo que este tipo de contrataciones contradicen el discurso oficial sobre falta de recursos y austeridad, y calificó la situación como un “derroche de recursos públicos”. “El despilfarro también es corrupción y así no hay presupuesto que alcance”, manifestó, instando a los órganos de control y a la opinión pública a vigilar de cerca el uso de los recursos del Estado.
Por su parte, en el ámbito político, la denuncia ha generado reacciones mixtas, con sectores de la oposición aprovechando el episodio para cuestionar la gestión de entidades adscritas al Ejecutivo, mientras que voces gubernamentales defienden la contratación como parte de las labores institucionales en territorio. Hasta el momento, no se conoce una respuesta oficial de la Agencia Nacional de Tierras frente a estas acusaciones.
La polémica se suma al debate más amplio sobre transparencia en el gasto público, uso de recursos en entidades estatales y la coherencia de las políticas de austeridad frente a decisiones contractuales consideradas por algunos como excesivas.
About The Author
