En una sesión del Senado convocada como debate de control político, la senadora Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, citó a debate los presuntos vínculos entre miembros del gobierno del presidente Gustavo Petro y disidencias de la ex-FARC identificadas como Calarcá.
• Como parte de su argumento, Valencia mencionó la presencia de la ahora fallecida exsenadora Piedad Córdoba — quien murió en enero de 2024. Valencia señaló que Córdoba habría visitado varias cárceles (incluida “La Picota”) antes de las elecciones de 2022, y que figuró como número 8 en la lista al Senado por el bloque de Gobierno.
• Ese gesto provocó fuertes objeciones de la senadora del partido Pacto Histórico, Aída Avella, quien pidió “respeto por la memoria de una persona que no puede defenderse” y criticó el uso de Córdoba como ejemplo en ese contexto.
• La hija de Piedad Córdoba — Natalia Castro Córdoba — expresó públicamente su inconformidad con las declaraciones de Valencia, pidiendo que “dejen descansar en paz” la memoria de su madre.
• El debate, sin embargo, no concluyó. La sesión terminó abruptamente por falta de quórum, antes siquiera de escuchar las respuestas de los funcionarios del gobierno que fueron citados.
• Este debate forma parte de una citación promovida por el Centro Democrático para que rindan cuentas funcionarios del gobierno de Petro, dado que aparecieron chats y correos que revelarían posibles nexos con disidencias de Calarcá.
• Para Valencia, la mención a figuras como Piedad Córdoba y al hermano del presidente — Juan Fernando Petro — busca ilustrar una supuesta relación histórica entre el Gobierno y estructuras ilegales, incluso desde antes de la campaña electoral de 2022.
• Para muchos, el uso de una persona fallecida en un debate tan político y sensible representa una falta de respeto — sobre todo al no permitírsele defenderse. Avella lo calificó de inadecuado.
Este episodio simboliza las tensiones profundas que atraviesa el Congreso colombiano en estos debates sobre seguridad, disidencias y vínculos políticos.
• Por un lado, demuestra cómo sectores de oposición (y sus aliados) intentan llevar al debate público los vínculos entre poder político y estructuras ilegales, apelando incluso al legado de personas ya fallecidas como evidencia simbólica.
• Por otro lado, revela los límites éticos y de memoria colectiva en el debate político: involucrar a una fallecida, sin posibilidad de defensa, genera rechazo por considerarse una táctcia polémica, que puede deslegitimar el debate.
• Finalmente, destaca la fragilidad institucional: pese a la magnitud del tema (presuntos nexos con disidencias), no hubo quórum, lo que resalta lo difícil que puede ser lograr rendición de cuentas efectiva cuando hay polarización y poco consenso.
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