Según las versiones difundidas, la orden surge tras un cruce verbal entre Gómez y la senadora Valencia, luego de que la influenciadora la cuestionara por sus posturas políticas respecto a la reforma pensional, durante un vuelo comercial previo al evento.
El episodio ha abierto un intenso debate sobre el uso de bodegas digitales —grupos organizados de cuentas y perfiles para amplificar mensajes o atacar a críticos en redes sociales—, una práctica señalada por sectores políticos como manipuladora y dañina para el debate público.
El presidente Gustavo Petro se pronunció de inmediato, calificando estas prácticas como manipulación de la opinión pública y delito, y cuestionó la falta de acción de las autoridades competentes frente a estas estrategias.
Por su parte, la influenciadora María José Gómez denunció que se trata de un intento de intimidación y hostigamiento digital, responsabilizando al expresidente por el clima de persecución en su contra.
El Centro Democrático reaccionó defendiendo a Uribe y minimizando las acusaciones, asegurando que no hay nada que ocultar y calificando a sus simpatizantes como fervientes participantes del debate político.
Este hecho ha encendido las alarmas sobre el papel de las figuras políticas en los ecosistemas digitales y el límite entre el activismo online y las estrategias de ataque o acoso en redes sociales, justo en un año electoral clave para Colombia.
About The Author
