En medio del nuevo periodo legislativo, el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha intensificado sus esfuerzos para asegurar mayor influencia en las comisiones constitucionales del Congreso, en particular aquellas que serán decisivas para la aprobación de sus principales reformas: la reforma a la salud, una eventual reforma tributaria y la jurisdicción agraria. El foco está puesto en la conformación de las mesas directivas, donde el Ejecutivo busca posicionar aliados estratégicos que le permitan facilitar el trámite de sus iniciativas en escenarios legislativos que históricamente han sido hostiles o indecisos frente a sus proyectos.
Las comisiones como la Séptima, encargada de temas de salud y laborales; la Tercera, que trata asuntos económicos y tributarios; y la Primera, clave en materia constitucional y judicial, son los espacios donde se libra esta nueva batalla política. El oficialismo se ha movido con rapidez para lograr que congresistas cercanos al Gobierno asuman las presidencias o vicepresidencias de estas células legislativas, buscando influir en la agenda, en los ritmos de debate y en el clima de opinión al interior del Congreso.
Sin embargo, la tarea no ha sido sencilla. A pesar de contar con respaldo de algunos sectores de partidos como el Pacto Histórico, el Partido de la U y parte del Liberalismo, el Gobierno se enfrenta a resistencias de bloques opositores y de congresistas que, aunque se declaran independientes, han votado en contra de las reformas en anteriores oportunidades. En este contexto, la distribución de las presidencias de comisión se ha convertido en una negociación milimétrica, donde se mezclan cuotas políticas, lealtades personales y cálculos electorales para 2026.
Uno de los objetivos principales del Gobierno es evitar que sus reformas vuelvan a hundirse por falta de trámite en las comisiones, como ocurrió en el pasado con la primera versión de la reforma a la salud o la reforma laboral. Por ello, contar con aliados en puestos de liderazgo parlamentario es visto como un requisito para avanzar.
Al tiempo, los partidos opositores también están actuando con estrategia, buscando asegurar cargos que les permitan ejercer contrapeso e impedir que el Ejecutivo logre mayorías automáticas. Este reacomodo de fuerzas en el Congreso no solo definirá el destino de las reformas estructurales, sino también el equilibrio de poder en lo que resta del mandato de Petro.
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