El Tribunal Superior de Bogotá decidió declarar improcedente la tutela presentada por Carolina Corcho y Gustavo Bolívar, con la cual buscaban que se autorizara la inscripción de precandidatos presidenciales dentro de la consulta interna del Pacto Histórico. La acción judicial pretendía que el alto tribunal garantizara el derecho a la participación política y diera vía libre a la realización de este mecanismo de selección interna, que es visto como una plataforma clave para definir la candidatura presidencial de la coalición de izquierda de cara a 2026.
Con este fallo, la consulta queda sin piso jurídico, lo que significa un golpe a las aspiraciones de varios sectores del Pacto Histórico que venían impulsando este proceso como alternativa para legitimar liderazgos y organizar la baraja de precandidatos. La decisión se sustenta en que la tutela no era el mecanismo adecuado para resolver este tipo de controversias, ya que existen otros recursos jurídicos y administrativos disponibles.
El revés judicial reabre las tensiones internas en el Pacto Histórico. De un lado, están quienes defienden la consulta como un mecanismo democrático para fortalecer la unidad, y del otro, sectores que consideran que insistir en ella puede fragmentar aún más a la coalición. La negativa del Tribunal no solo afecta directamente a Corcho y Bolívar, quienes buscaban competir en igualdad de condiciones, sino que también obliga al movimiento a replantear su estrategia de cara a las elecciones presidenciales, en un contexto donde la oposición y otros partidos ya mueven sus fichas.
En consecuencia, la coalición enfrenta un dilema político: o logra consensos internos sobre la escogencia de un candidato único por otras vías, o corre el riesgo de llegar dividida a la contienda electoral, debilitando su peso en el escenario nacional.
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