La reciente confrontación pública entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su antecesor, el expresidente Iván Duque, ha encendido un intenso debate sobre la política antidrogas del país, desencadenado por la descertificación parcial impuesta por Estados Unidos el 15 de septiembre de 2025. Esta medida, anunciada por la administración estadounidense bajo el presidente Donald Trump, califica a Colombia como un “principal país de preocupación” por no cumplir adecuadamente con sus compromisos internacionales en la lucha contra el narcotráfico, lo que implica restricciones en la cooperación bilateral, como la suspensión de ayuda militar y económica en ese ámbito, aunque no afecta el comercio general ni las relaciones diplomáticas en su totalidad. La descertificación, que marca un retroceso en las relaciones entre ambos países, ha sido interpretada por analistas como una sanción política que refleja el descontento de Washington con los cambios en la estrategia colombiana, particularmente la “paz total” promovida por Petro, que busca negociar con grupos armados involucrados en el narcotráfico y prioriza la erradicación manual y voluntaria de cultivos ilícitos sobre métodos más agresivos como la fumigación aérea.
El conflicto entre Petro y Duque se intensificó a través de redes sociales y declaraciones públicas, donde ambos líderes defienden con vehemencia sus respectivas gestiones durante sus mandatos (Duque de 2018 a 2022, y Petro desde 2022 hasta la fecha). Todo comenzó con las críticas iniciales de Duque, quien, desde su cuenta en X (anteriormente Twitter), acusó al gobierno de Petro de haber “empoderado al narcotráfico” mediante políticas que, según él, desmantelaron los mecanismos efectivos de control. Duque argumentó que durante su administración, Colombia mantuvo la certificación de Estados Unidos gracias a una estrategia integral que incluyó la erradicación forzada de más de 100.000 hectáreas de cultivos de coca al año en promedio, incautaciones récord de cocaína (superando las 500 toneladas anuales en algunos periodos) y la fortalecimiento de instituciones como la Policía Nacional y la cooperación con la DEA. Él enfatizó que la descertificación no ocurrió en su época, sino en los últimos dos años bajo Petro, y la atribuyó directamente a decisiones como la disolución de los grupos manuales de erradicación, el permitimiento de un “crecimiento exponencial” de los cultivos de coca (que, según informes de la ONU, aumentaron en un 9% durante el gobierno de Petro, aunque Duque alega cifras más altas heredadas pero no controladas), y la reducción drástica de incautaciones, que cayeron a niveles históricamente bajos como porcentaje de la producción potencial estimada. Además, Duque criticó la transformación de narcotraficantes en “gestores de paz” bajo la política de “paz total”, lo que, a su juicio, ha debilitado la presión sobre los carteles y ha llevado a un resurgimiento de la violencia en regiones como el Catatumbo y el Pacífico colombiano. En un tono sarcástico, Duque instó a Petro a “dedicarse a gobernar” en su último año de mandato y a “asumir la responsabilidad de sus decisiones”, recordando que esta sanción era “una crónica anunciada” desde que Petro asumió el poder.
Por su parte, el presidente Petro respondió con igual dureza en una alocución televisada el 17 de septiembre de 2025 y en publicaciones en X, donde defendió su enfoque humanitario y sostenible contra las drogas, contrastándolo con lo que calificó como la “adicción a la sangre” de Duque. Petro argumentó que durante el mandato de su antecesor, Colombia experimentó el mayor aumento de cultivos de hoja de coca en un solo año, con un incremento del 60% en áreas reales sembradas (basado en datos de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de EE.UU. y la ONU), alcanzando picos de más de 200.000 hectáreas en 2020, lo que generó miles de víctimas entre familias campesinas debido a la erradicación forzada y la fumigación con glifosato, un herbicida controvertido por sus impactos ambientales y en la salud pública. En contraste, Petro destacó que su gobierno ha logrado desacelerar este crecimiento al 9%, con énfasis en la sustitución voluntaria de cultivos, el desarrollo alternativo para comunidades rurales y un aumento en incautaciones absolutas de cocaína, aunque en proporción menor debido a la producción total. Él rechazó las acusaciones de Duque como “pura carreta para evitar responsabilidades” y extendió su crítica a Estados Unidos, acusando a la administración Trump de buscar un “presidente títere” en Colombia que mantenga la guerra contra las drogas sin cuestionar sus raíces sociales y económicas. Petro también propuso, en un giro inesperado, retomar la fumigación aérea en zonas específicas donde los campesinos han atacado al Ejército, reconociendo así presiones internas y el “fantasma de la descertificación” que ha obligado a su gobierno a reconsiderar posiciones previas, cuando como senador se oponía firmemente a este método por considerarlo “política de la muerte”. Esta propuesta ha sido aplaudida por figuras de la derecha como la senadora María Fernanda Cabal y el abogado Abelardo de la Espriella, quienes ven en ella una validación de sus posturas históricas.
El rifirrafe no se limitó a estos dos protagonistas; ha involucrado a otros actores políticos. El expresidente Ernesto Samper minimizó la descertificación como “no el fin del mundo” y la tildó de “ilegal y política”, mientras que el expresidente César Gaviria aclaró que “el descertificado es Petro, no el país”. Por otro lado, el ministro del Interior, Armando Benedetti, defendió al gobierno al recordar que, según reportes del Departamento de Estado de EE.UU. de marzo de 2025, Colombia ha incautado más toneladas de cocaína que nunca antes, aunque admitió que el aumento de cultivos es una tendencia heredada de gobiernos anteriores como el de Juan Manuel Santos. Analistas internacionales, como el encargado de negocios de EE.UU. en Bogotá, Kevin McNamara, han atribuido la descertificación a “políticas fallidas” del actual gobierno, pero también a desafíos estructurales como el fortalecimiento de disidencias de las FARC y el ELN en zonas de producción. Esta controversia resalta las divisiones ideológicas en Colombia: la visión de Duque, alineada con una línea dura respaldada por Washington, versus la de Petro, que busca una reforma integral centrada en la paz y la justicia social, pero que ahora enfrenta presiones para endurecer su estrategia ante el riesgo de mayores sanciones en 2026. El debate ha reavivado discusiones sobre el futuro de la cooperación bilateral y podría influir en las elecciones presidenciales del próximo año, donde la efectividad en la lucha antidrogas será un tema central.
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