La senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, ha anunciado que radicará un acto de desacato contra el presidente Gustavo Petro. Ella argumenta que la rectificación pública que él hizo recientemente no cumple con los términos exactos ordenados por un juez, luego de que Petro la acusara de ser cómplice de los llamados “falsos positivos”.
El trasfondo de esta disputa está en una sentencia emitida por el Juzgado 46 Administrativo Oral de Bogotá, que amparó los derechos a la honra y al buen nombre de Valencia. El juez señaló que las declaraciones de Petro —publicadas en su cuenta de X el 29 de septiembre de 2025— son una imputación directa sin sustento, puesto que relacionan directamente a la senadora con el asesinato de 6.402 jóvenes por parte de agentes oficiales.
En cumplimiento de esa sentencia, el presidente publicó un mensaje en X señalando que “rectifica y aclara” lo dicho previamente. En su aclaración, Petro enfatizó que su crítica era de carácter político, no penal: según él, su señalamiento apunta a una “responsabilidad política”, no a una participación criminal directa por parte de Valencia.
Sin embargo, para Valencia esa corrección no es suficiente. En un comunicado, la senadora afirma que Petro no siguió las indicaciones del juez. Por ejemplo, según ella, no pidió disculpas públicas de forma clara ni en los términos solicitados, y omitió varias de las exigencias del fallo: entre otras, que se precisara que ella no tiene ninguna relación penal con los falsos positivos.
Valencia también subraya una contradicción en el discurso de Petro. Ella recuerda que los falsos positivos habrían ocurrido entre 2002 y 2010 —período históricamente asociado al debate sobre “seguridad democrática”—, pero ella ingresó al Congreso en 2014, lo que, según su versión, debilita la acusación de “complicidad directa” que le hizo el presidente.
Además, la senadora cuestiona que la disculpa de Petro no haya sido difundida en todos los canales oficiales requeridos por el fallo: señala que no se publicó en la cuenta institucional de la Presidencia ni en la del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), tal como exigía el juez.
En el mensaje original de Petro, el mandatario defendió su postura diciendo que las ejecuciones extrajudiciales (los falsos positivos) constituyen un crimen de lesa humanidad, y que su señalamiento busca llamar la atención sobre la responsabilidad moral y política de ciertos actores, más que atribuir responsabilidades judiciales individuales.
Con la presentación del desacato, Valencia da un paso más en su enfrentamiento legal con el presidente, dejando claro que no considera válida la rectificación parcial y que exige un reconocimiento total del daño a su reputación. El episodio subraya, además, el fuerte choque político entre una líder de la oposición conservadora y el jefe del Estado, en un contexto electoral en el que la senadora aspira a la candidatura presidencial.
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