El Consejo de Estado de Colombia suspendió provisionalmente los efectos del decreto que fijaba un aumento del 23,7 % al salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV) para 2026, medida que había sido decretada por el presidente Gustavo Petro a finales de diciembre de 2025.
La providencia emitida por el alto tribunal deja sin efectos temporales el Decreto 1469 de 2025 mientras se avanza en el proceso judicial de fondo y ordena al Gobierno Nacional expedir, en un plazo máximo de ocho días calendario, un nuevo decreto transitorio que determine un porcentaje de aumento y el valor total del salario mínimo para 2026, ajustado a los parámetros metodológicos y constitucionales vigentes, tal como lo exige la Ley 278 de 1996.
Aunque la decisión aún no constituye un fallo definitivo sobre la legalidad de la norma, introduce una incertidumbre jurídica y económica al dejar en suspenso el incremento decretado por el Ejecutivo. En concreto, el tribunal advirtió que el Gobierno deberá aplicar criterios como la inflación, la productividad, el Producto Interno Bruto (PIB) y demás parámetros que demanda la ley para fijar el salario mínimo 2026, además de detallar la metodología empleada para justificar el porcentaje.
El decreto suspendido había establecido el salario mínimo con auxilio de transporte en torno a los 2 millones de pesos, cifra considerada la más alta en la historia reciente del país y cuyo aumento generó intensos debates entre trabajadores, empresarios y analistas macroeconómicos antes de que se interpusieran demandas judiciales.
En reacción a la decisión judicial, el presidente Petro emitió un mensaje en sus redes sociales criticando implícitamente la suspensión, lo que demuestra la complejidad política del caso a pocos meses de las elecciones nacionales.
La situación mantiene la atención enfocada en el impacto que tendrá el ajuste sobre la economía familiar, el empleo formal y las negociaciones laborales, mientras el Gobierno se prepara para presentar un nuevo decreto transitorio que deberá cumplir con los requisitos legales y técnicos exigidos por el alto tribunal.
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