El debate sobre la reforma a la salud impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro volvió a quedar en punto muerto luego de que la Comisión Séptima del Senado no retomara su discusión, pese a que la Casa de Nariño había presentado mensaje de insistencia para acelerar el trámite. La sesión, programada para avanzar en la revisión y votación del proyecto, se levantó sin que se diera el debate de fondo, lo que encendió un nuevo capítulo de tensiones entre el Pacto Histórico y la oposición.
Desde el Gobierno y las bancadas oficialistas se acusó a algunos integrantes de la oposición de incurrir en “prevaricato por omisión”, argumentando que, al negarse a instalar la sesión o a permitir el avance del debate, estarían incumpliendo su obligación constitucional de deliberar y tramitar un proyecto que cuenta con requerimiento formal del Ejecutivo. Para los sectores progresistas, esta conducta no es simplemente una maniobra política de dilación, sino un acto que podría acarrear responsabilidades legales.
La oposición rechazó tajantemente las acusaciones, asegurando que no existe ningún incumplimiento normativo porque el Congreso tiene autonomía para organizar sus debates y porque el mensaje de insistencia del Gobierno no puede interpretarse como una orden automática para dar trámite inmediato. Para estos sectores, el oficialismo busca presionar políticamente y judicializar una discusión que, en su criterio, debe resolverse en el terreno parlamentario y no mediante denuncias penales.
Al mismo tiempo, persisten las diferencias sobre el contenido mismo de la reforma. Mientras el Gobierno sostiene que el proyecto pretende fortalecer la atención primaria, descentralizar recursos y darle mayor control al Estado sobre el sistema, la oposición afirma que la iniciativa desmantela el modelo actual sin asegurar una transición clara, lo que podría poner en riesgo la prestación de servicios médicos en todo el país.
La falta de acuerdo sobre la metodología de discusión, sumada a las acusaciones cruzadas, amenaza con trasladar el conflicto político al plano judicial y profundizar el ambiente de confrontación entre Gobierno y Congreso. La reforma, considerada una de las apuestas centrales del presidente Petro, enfrenta así un nuevo obstáculo que agrava su ya difícil camino legislativo.
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