
Una fuerte controversia política se desató en Barbosa, Santander, luego de que el representante a la Cámara Cristian Avendaño denunciara haber sido víctima de una agresión física y verbal por parte del alcalde del municipio, Marcos Cortés. El hecho, según el congresista, ocurrió en medio de una protesta pacífica en contra de las corridas de toros, una práctica que ha generado un intenso debate nacional entre defensores de la tradición y sectores que promueven la protección animal.
De acuerdo con la denuncia, Avendaño se encontraba participando activamente en una manifestación ciudadana cuando se produjo un altercado con el mandatario local. El representante aseguró que el alcalde reaccionó de manera violenta ante la protesta, incurriendo en insultos y en una agresión física que, a su juicio, constituye una grave vulneración no solo a su integridad personal, sino también al derecho a la protesta y a la libertad de expresión.
El congresista calificó el episodio como un hecho alarmante para la democracia local, señalando que resulta especialmente preocupante que un funcionario elegido popularmente responda con violencia frente a una manifestación cívica. En ese sentido, Avendaño sostuvo que su presencia en la protesta obedecía a su postura política y ética contra las corridas de toros, las cuales considera incompatibles con los principios de bienestar animal y con una visión moderna de la cultura.
La denuncia ha generado reacciones inmediatas en el ámbito político y social. Diversos sectores han solicitado que se investigue el comportamiento del alcalde Marcos Cortés y que las autoridades competentes esclarezcan lo ocurrido, con el fin de determinar posibles responsabilidades disciplinarias o penales. Organizaciones defensoras de derechos humanos y colectivos animalistas también se han pronunciado, expresando su rechazo a cualquier forma de violencia contra quienes ejercen el derecho a la protesta.
Este episodio se suma al clima de polarización que rodea el debate sobre las corridas de toros en Colombia, un tema que enfrenta posturas profundamente opuestas y que ha llegado tanto a las calles como a los escenarios institucionales. Mientras avanza el proceso de denuncia, el caso pone nuevamente sobre la mesa la necesidad de garantizar el respeto, el diálogo y la convivencia democrática, incluso —y especialmente— en medio de las diferencias ideológicas más profundas.

