El más reciente consejo de ministros del gobierno del presidente Gustavo Petro, realizado en el marco de la grave emergencia por inundaciones en Córdoba, estuvo marcado por fuertes tensiones políticas, reclamos de autoridades locales y nuevos cuestionamientos del mandatario a las hidroeléctricas por su presunta responsabilidad en la crisis ambiental.
Durante el encuentro, varios alcaldes de municipios cordobeses expresaron su inconformidad por no haber sido escuchados, mientras otros terminaron sentados en el piso del recinto, una imagen que generó polémica y críticas sobre el manejo del espacio y el diálogo con las autoridades territoriales. Según se conoció, al menos 10 alcaldes del departamento aseguraron que no tuvieron intervención pese a la magnitud de la emergencia que enfrentan sus municipios.
En el consejo, el presidente Petro reiteró sus señalamientos contra el sector hidroeléctrico, insistiendo en que la operación de los embalses habría incidido en las inundaciones que afectan amplias zonas de Córdoba. El mandatario volvió a plantear la necesidad de revisar el modelo energético y el papel de estas empresas frente a eventos climáticos extremos.
Además, durante la reunión se presentaron mensajes directos a la Corte Constitucional, en los que el jefe de Estado insistió en su solicitud de levantar la suspensión de la emergencia económica, argumentando que sin esa herramienta el Gobierno tiene limitaciones para responder a la crisis invernal. Petro cuestionó cómo el Ejecutivo puede defender a las comunidades afectadas si no cuenta con los mecanismos excepcionales para actuar con rapidez.
El ambiente del consejo también estuvo marcado por ataques verbales y fuertes críticas a la fiscal general, lo que elevó el tono político del encuentro y profundizó las tensiones institucionales en medio de una coyuntura climática compleja.
El consejo de ministros se realizó previo al desplazamiento del presidente a Córdoba, donde el Gobierno busca articular respuestas frente a las inundaciones, mientras continúan los debates sobre responsabilidades, medidas de emergencia y la relación entre el Ejecutivo, las entidades de control y el sector energético.
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