El Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió una orden que prohíbe al gobierno del presidente Gustavo Petro utilizar entidades estatales para promover piezas comunicacionales consideradas como propaganda oficial. La decisión surge en medio de cuestionamientos sobre el alcance y la naturaleza de los mensajes difundidos desde distintas instituciones públicas para respaldar iniciativas y narrativas del Ejecutivo.
La medida impide que el Gobierno recurra a ministerios, agencias y demás organismos oficiales para impulsar contenidos que puedan interpretarse como promoción política o defensa pública de su gestión por fuera de los canales institucionales establecidos. En esencia, el Tribunal busca garantizar que los recursos y plataformas del Estado no se conviertan en instrumentos de proselitismo ni en vehículos para influir indebidamente en la opinión pública.
El presidente Petro reaccionó con firmeza a la decisión judicial. Señaló que la comunicación de su administración es legítima, parte del derecho del Gobierno a informar sobre sus actuaciones y coherente con los principios de transparencia y rendición de cuentas. Además, cuestionó que se pretenda limitar la capacidad de las instituciones para divulgar información que considera de interés nacional.
La controversia abre un nuevo capítulo en la disputa por los límites entre la comunicación institucional y la propaganda política, especialmente en un contexto de alta polarización y de debates sensibles sobre la relación entre poder Ejecutivo y organismos de control. Según Petro, la restricción podría afectar la posibilidad del Gobierno de explicar sus programas y decisiones a la ciudadanía, mientras que para el Tribunal se trata de una salvaguarda para evitar posibles excesos en el uso de recursos públicos.
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