A partir de 2026 entrará en vigencia una de las modificaciones más significativas al sistema pensional colombiano en materia de equidad de género: la reducción progresiva de las semanas mínimas de cotización exigidas a las mujeres para acceder a la pensión. La medida, contemplada dentro de la reforma pensional impulsada por el Gobierno, busca corregir una brecha histórica que ha afectado de manera desproporcionada a las mujeres, quienes enfrentan mayores dificultades para completar su vida laboral continua debido a cargas de cuidado no remuneradas, informalidad y desigualdad salarial.
Con el nuevo esquema, las mujeres ya no deberán cumplir el mismo número de semanas que los hombres para pensionarse. A partir de 2026, el requisito comenzará a disminuir de forma gradual, reconociendo que, en la práctica, muchas trayectorias laborales femeninas son interrumpidas por maternidad, cuidado de hijos, atención a adultos mayores u otras responsabilidades familiares que el sistema tradicional no ha considerado. El objetivo central es ampliar el acceso real a la pensión y reducir el alto número de mujeres que, tras décadas de trabajo, no logran cumplir los requisitos y terminan sin una mesada en la vejez.
El Gobierno ha defendido esta decisión como una acción afirmativa necesaria para cerrar brechas estructurales y garantizar una vejez con mayor protección social. Según el enfoque oficial, no se trata de un privilegio, sino de una corrección a un sistema que ha sido inequitativo. Además, la reducción de semanas se articula con otros componentes de la reforma, como el fortalecimiento de pilares solidarios y semicontributivos, destinados a cubrir a quienes no alcanzan a pensionarse plenamente.
No obstante, la medida también ha generado debate. Sectores críticos advierten sobre el impacto fiscal de la reducción de requisitos y cuestionan si el sistema contará con la sostenibilidad necesaria para responder a un mayor número de pensionadas en el mediano y largo plazo. Otros señalan que, aunque el cambio es positivo, no resuelve de fondo problemas como la informalidad laboral femenina y la brecha salarial, que siguen siendo los principales obstáculos para la cotización constante.
En cualquier caso, el ajuste que entrará en vigor en 2026 marca un giro relevante en la política social del país. Representa un reconocimiento institucional a las desigualdades de género acumuladas y redefine las reglas de acceso a la pensión para millones de mujeres. Su éxito dependerá no solo de la reducción de semanas, sino de la capacidad del Estado para garantizar empleo formal, estabilidad laboral y un sistema pensional financieramente sostenible.
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