El jueves 7 de agosto se vivió una jornada de movilización ciudadana en varias ciudades del país, en rechazo a la condena de 12 años de prisión domiciliaria impuesta al expresidente Álvaro Uribe Vélez. La marcha, promovida principalmente por el Centro Democrático y sectores afines al exmandatario, fue interpretada por sus simpatizantes como una manifestación en defensa de la democracia y la presunción de inocencia. Los manifestantes expresaron su descontento con la decisión judicial, argumentando que el proceso contra Uribe ha estado marcado por motivaciones políticas.
En respuesta a estas movilizaciones, el presidente Gustavo Petro se pronunció públicamente cuestionando el verdadero trasfondo de la protesta. Según el jefe de Estado, la marcha no estaría motivada únicamente por el caso judicial contra Uribe, sino que tendría implicaciones más amplias relacionadas con el intento de deslegitimar las instituciones judiciales y debilitar el Estado de Derecho. Petro advirtió sobre los riesgos de que se instrumentalice la protesta para atacar la independencia de los jueces y reiteró la necesidad de respetar las decisiones de la justicia, incluso cuando no sean del agrado de algunos sectores políticos.
Por su parte, Álvaro Uribe utilizó sus redes sociales para agradecer el respaldo recibido por parte de sus seguidores. En un video difundido por sus canales digitales, el exmandatario expresó su gratitud hacia quienes salieron a marchar en su nombre y aseguró que continuará enfrentando el proceso con dignidad. Asimismo, reafirmó su inocencia y reiteró que su actuar siempre ha estado guiado por principios democráticos.
Este cruce de mensajes entre el presidente en ejercicio y el expresidente condenado deja en evidencia la polarización política que vive el país. Mientras las instituciones judiciales siguen su curso, la ciudadanía se ve envuelta en un ambiente de tensión entre el respeto a las decisiones judiciales y la lealtad a líderes políticos históricos.
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