El Tribunal Superior de Bogotá ratificó las medidas cautelares de embargo y secuestro sobre un apartamento vinculado al ministro del Interior, Armando Benedetti, dentro de un proceso de extinción de dominio que adelanta la Fiscalía General de la Nación por presunto incremento patrimonial injustificado. La decisión mantiene el inmueble bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) mientras avanza la investigación.
La determinación judicial resolvió un recurso presentado por la defensa de Benedetti y concluyó que existen elementos suficientes para mantener las medidas preventivas sobre el bien, al considerar que podría estar relacionado con recursos cuyo origen aún no ha sido plenamente esclarecido. Según el tribunal, la medida no constituye una condena ni una declaración de responsabilidad, sino una herramienta para evitar que el inmueble sea vendido, transferido u ocultado durante el proceso judicial.
De acuerdo con los documentos analizados por la justicia, las investigaciones de la Fiscalía se centran en presuntas inconsistencias patrimoniales detectadas entre los ingresos reportados por Benedetti y los movimientos financieros registrados durante varios años. Los peritajes revisados dentro del expediente señalarían diferencias significativas entre ingresos y egresos, así como recursos cuya procedencia continúa siendo objeto de verificación.
El origen de este proceso se remonta a una investigación iniciada años atrás por presunto enriquecimiento ilícito. En 2021, la Fiscalía ocupó el apartamento con fines de extinción de dominio tras determinar que existían dudas sobre la adquisición del inmueble, que anteriormente había pertenecido a Ruby Corredor, investigada por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. En ese momento, Benedetti sostuvo que actuó como comprador de buena fe y que cualquier explicación sobre el origen inicial de los recursos correspondía a la anterior propietaria.
La decisión más reciente también analizó un contrato de leasing habitacional relacionado con Benedetti. En este punto, el Tribunal mantuvo la suspensión del poder dispositivo sobre los recursos involucrados, pero aclaró que no procede el embargo ni el secuestro directo sobre esos derechos porque la titularidad jurídica del bien corresponde a la entidad financiera y no al hoy ministro.
La Sala de Extinción de Dominio precisó que las medidas seguirán vigentes hasta que exista una decisión definitiva sobre la procedencia de los recursos investigados. Mientras tanto, la SAE continuará administrando el inmueble y garantizando su conservación mientras avanza el proceso judicial.
El caso vuelve a poner a Benedetti en el centro del debate público, en momentos en que continúa ocupando una de las posiciones más influyentes dentro del Gobierno nacional y enfrenta diversos procesos e investigaciones relacionados con su patrimonio y su actividad pública.
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