El futuro del Ministerio de Igualdad y Equidad atraviesa uno de sus momentos más críticos. A pocas semanas de que venza el plazo fijado por la Corte Constitucional para subsanar los errores que llevaron a la caída jurídica de la entidad, el Gobierno de Gustavo Petro ya comenzó a preparar un plan de reorganización institucional que contempla la liquidación de la cartera si el Congreso no aprueba a tiempo el proyecto que busca revivirla.
La Casa de Nariño expidió una directiva presidencial en la que reconoce que la iniciativa legislativa se encuentra prácticamente estancada y que no ha contado con “el impulso y voluntad legislativa necesaria para culminar oportunamente su trámite”. Por esa razón, el Ejecutivo puso en marcha una serie de “medidas administrativas” destinadas a garantizar la continuidad de los programas, políticas y estrategias que actualmente lidera el Ministerio de Igualdad.
La situación tiene origen en una decisión de la Corte Constitucional, que declaró inexequible la creación del ministerio por vicios de trámite durante su aprobación en el Congreso, aunque otorgó un plazo de dos años para corregir el procedimiento legislativo y volver a crear la entidad. Ese plazo vence el próximo 20 de junio de 2026.
La directiva presidencial fue enviada a varias entidades del Gobierno, entre ellas el Ministerio del Interior, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Justicia, el Departamento de Prosperidad Social y el Departamento Administrativo de la Función Pública. Todas deberán adelantar los trámites necesarios para ejecutar el proceso de reorganización institucional, incluyendo eventuales decretos relacionados con modificaciones de estructura, plantas de personal, supresión de cargos y liquidación de la entidad.
De acuerdo con la información conocida por El Espectador, también se han realizado reuniones internas entre el presidente Petro, ministros y funcionarios para planificar la transición. La incertidumbre ha generado preocupación entre los cerca de 500 trabajadores de planta del ministerio, quienes han recibido información preliminar sobre los posibles cambios y el futuro de sus funciones. Una fuente consultada por ese medio aseguró que “el ambiente es de zozobra”.
Mientras tanto, el proyecto que busca mantener viva la cartera continúa su trámite en el Congreso. El Gobierno ha defendido la permanencia del ministerio argumentando que representa una herramienta para atender a poblaciones históricamente excluidas y coordinar políticas públicas enfocadas en la reducción de brechas sociales.
Sin embargo, sectores de oposición han cuestionado la ejecución presupuestal, el crecimiento burocrático y la sostenibilidad fiscal de la entidad. El debate se ha convertido en uno de los más sensibles del cierre del actual periodo legislativo, pues de su resultado dependerá la continuidad o desaparición de una de las principales apuestas institucionales del gobierno Petro.
De no prosperar la iniciativa antes de la fecha límite, el Ejecutivo deberá culminar el proceso de liquidación y redistribuir las funciones del ministerio entre otras entidades estatales, poniendo fin a una cartera que fue creada en 2023 bajo el liderazgo de la entonces vicepresidenta Francia Márquez.
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