A pocas semanas de la segunda vuelta presidencial, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, hizo un llamado a los diferentes sectores políticos para que se abstengan de involucrar a la Fuerza Pública en las disputas electorales y eviten utilizarla como instrumento de confrontación durante la campaña.
El pronunciamiento se produjo en medio del ambiente de polarización que rodea la contienda entre los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, y tras una serie de declaraciones públicas en las que distintos actores políticos han hecho referencia al papel de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional en el actual contexto electoral.
“Les pedimos a las campañas políticas que no utilicen con mezquindad a la Fuerza Pública”, señaló el ministro, quien insistió en la necesidad de preservar la institucionalidad y mantener a los uniformados al margen de las controversias partidistas.
Sánchez enfatizó que tanto las Fuerzas Militares como la Policía Nacional tienen la responsabilidad constitucional de proteger a todos los ciudadanos, garantizar el orden público y brindar las condiciones de seguridad necesarias para que los colombianos puedan ejercer libremente su derecho al voto.
El jefe de la cartera de Defensa recordó que la Fuerza Pública no actúa en favor de ninguna campaña, partido o candidato, sino que trabaja exclusivamente al servicio de la Constitución, la democracia y el Estado colombiano.
Las declaraciones se conocen mientras avanza la implementación del Plan Democracia, estrategia mediante la cual miles de uniformados han sido desplegados en diferentes regiones del país para reforzar la seguridad durante la recta final del proceso electoral y la jornada de votación prevista para el próximo 21 de junio.
El Ministerio de Defensa aseguró que continuará coordinando acciones con las autoridades electorales, organismos de control y demás entidades del Estado para garantizar unas elecciones seguras, transparentes y con plenas garantías para todos los sectores políticos.
El llamado del ministro busca evitar que la Fuerza Pública sea involucrada en debates partidistas que puedan afectar la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de velar por la seguridad y la estabilidad democrática del país, especialmente en un momento clave para el futuro político de Colombia.
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