La campaña presidencial entró en una nueva fase de confrontación luego de que Abelardo de la Espriella divulgara una lista de 26 dirigentes políticos, empresarios y líderes regionales que, según sus denuncias, harían parte de una presunta estrategia de compra de votos en la región Caribe para favorecer la candidatura de Iván Cepeda en la segunda vuelta presidencial.
Las acusaciones fueron presentadas durante una transmisión en vivo y posteriormente divulgadas por distintos medios de comunicación. El candidato del movimiento Defensores de la Patria aseguró que existe una operación organizada para influir en el resultado electoral del próximo 21 de junio mediante la utilización de maquinarias políticas regionales.
Entre las personas mencionadas por De la Espriella figuran congresistas, excongresistas, dirigentes regionales, empresarios y miembros de reconocidos grupos políticos del Caribe colombiano. El candidato insistió en que estas estructuras estarían movilizando recursos y apoyos para beneficiar a su contendor electoral.
La denuncia se suma a las advertencias que el aspirante presidencial viene realizando desde hace varios días sobre una supuesta compra masiva de votos en departamentos de la Costa Caribe. Incluso, ha solicitado que organismos internacionales y autoridades de Estados Unidos realicen seguimiento al proceso electoral y verifiquen los movimientos financieros que puedan presentarse durante la recta final de la campaña.
Entre las afirmaciones más contundentes realizadas por De la Espriella se encuentra la referencia a una supuesta operación liderada por estructuras políticas regionales que, según él, buscarían replicar mecanismos electorales utilizados en elecciones anteriores.
“Lo que pretenden hacer es una compra masiva de votos en la región Caribe”, afirmó el candidato durante sus declaraciones públicas.
No obstante, hasta el momento las acusaciones presentadas por el aspirante presidencial no han estado acompañadas de pruebas públicas conocidas que respalden los señalamientos contra las personas mencionadas. Tampoco se conocen decisiones de las autoridades electorales o judiciales que confirmen la existencia de la presunta red denunciada.
A menos de dos semanas de la segunda vuelta presidencial, las acusaciones han generado fuertes reacciones en distintos sectores políticos, mientras se espera que las autoridades competentes determinen si existen elementos que ameriten una investigación formal sobre los hechos denunciados.







