Un emotivo y doloroso encuentro se vivió durante la audiencia de reconocimiento de verdad del Caso 03 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en la que dos generales retirados y 25 exmilitares reconocieron su responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el Meta, conocidas como “falsos positivos”. Durante la diligencia, familiares de las víctimas exigieron que se reivindique públicamente la memoria de sus seres queridos y que se reconozca que nunca fueron integrantes de grupos armados ilegales.
La audiencia comenzó con los testimonios de familiares que reclamaron verdad y dignidad para quienes fueron asesinados y posteriormente presentados como guerrilleros muertos en combate.
“Debe quedar claro que nuestros seres queridos no fueron asesinados por pertenecer a grupos armados. La verdad también está en la forma como se nombran los hechos. Para las familias es fundamental que el buen nombre de nuestros seres queridos quede limpio para siempre”, expresó Gloria Eugenia Gómez Caicedo ante los comparecientes.
Uno de los momentos más impactantes de la jornada ocurrió cuando varios exuniformados reconocieron públicamente su participación en estos crímenes y admitieron que las presiones institucionales por mostrar resultados operacionales terminaron convirtiéndose en incentivos para cometer asesinatos de civiles inocentes.
El mayor retirado Alejandro Espitia reconoció ante la JEP haber participado en una alianza con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), una situación que, según los magistrados, hacía parte de un patrón identificado en las investigaciones adelantadas por el tribunal de paz.
Por su parte, el general retirado Carlos Olivio Saavedra, excomandante de la Séptima Brigada, aceptó que dentro de la institución existían mecanismos de estímulo para quienes reportaban más bajas, situación que contribuyó a la comisión de estos crímenes.
“El mismo sistema funcional de la institucionalidad, a través de documentos, de programas radiales, de reuniones del alto mando militar, se hacían este tipo de comentarios, felicitando y estimulando de una u otra forma los resultados operacionales”, declaró ante la JEP.
Otro de los comparecientes, Leonardy Alfonso Polo, protagonizó uno de los actos simbólicos más significativos al devolver una de las medallas que recibió durante su carrera militar.
“Doy por entendido que esta medalla me fue otorgada por cometer asesinatos contra personas en estado de indefensión y no como la ley y la Constitución lo ordenan. Por eso, tomo la decisión de devolverla a ustedes, las víctimas”, manifestó durante la audiencia.
El exmilitar también reconoció que durante años exhibió esos reconocimientos sin dimensionar el dolor causado a las familias de las víctimas y afirmó que el perdón es algo que no considera merecer.
La diligencia forma parte del Caso 03 de la JEP, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate. Según las investigaciones del tribunal, el universo de víctimas de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a integrantes de la fuerza pública supera las 7.800 personas entre 1990 y 2016.
Las familias insistieron en que estos espacios son fundamentales para desmontar cualquier intento de minimizar o negar lo ocurrido. Durante la audiencia recordaron que detrás de cada expediente había una historia de vida y una familia marcada por la tragedia.
“Eran hijos con nombre”, fue uno de los mensajes que acompañó la jornada y que resumió el reclamo de las víctimas por memoria, verdad y reparación.
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