Al cumplirse un año del atentado que terminó con la vida del entonces senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, el abogado de su familia, Víctor Mosquera, lanzó fuertes cuestionamientos sobre la actuación de las instituciones del Estado y aseguró que existen elementos para analizar una eventual responsabilidad estatal por las fallas en materia de protección al dirigente político.
Mosquera afirmó que durante los meses previos al atentado se habrían presentado advertencias y solicitudes relacionadas con la seguridad de Miguel Uribe que, según su versión, no recibieron una respuesta adecuada por parte de las autoridades competentes. Por ello, sostuvo que la investigación no solo debe concentrarse en los autores materiales e intelectuales del crimen, sino también en determinar si hubo omisiones de funcionarios encargados de garantizar su protección.
El abogado también cuestionó el ambiente político que rodeó la campaña presidencial y aseguró que algunos discursos públicos contribuyeron a aumentar la estigmatización y los riesgos contra el entonces dirigente político. En ese contexto, señaló directamente al presidente Gustavo Petro y habló de una presunta “instigación”, una afirmación que hace parte de sus planteamientos jurídicos y políticos alrededor del caso. Sin embargo, hasta el momento no existe una decisión judicial que establezca responsabilidad del mandatario en los hechos.
Mosquera insistió en que la familia de Miguel Uribe seguirá buscando que se esclarezcan todas las circunstancias que rodearon el magnicidio, incluyendo las decisiones adoptadas por las entidades encargadas de la seguridad de los líderes políticos. Según manifestó, la búsqueda de justicia no puede limitarse a la identificación de quienes ejecutaron el atentado, sino que debe extenderse a todos los posibles responsables por acción u omisión.
El caso de Miguel Uribe Turbay marcó profundamente la política colombiana. El atentado ocurrió el 7 de junio de 2025 durante un acto de campaña y generó una ola de rechazo nacional e internacional. Tras varios meses de investigaciones, las autoridades capturaron a varios implicados y continuaron las pesquisas para identificar a los determinadores del crimen.
Durante el último año, la investigación ha avanzado con nuevas capturas, testimonios y líneas de indagación sobre los responsables intelectuales del asesinato. Paralelamente, persisten los cuestionamientos sobre las medidas de protección que tenía el entonces senador y sobre las decisiones adoptadas por los organismos de seguridad antes del atentado.
A un año de los hechos, la memoria de Miguel Uribe continúa siendo un tema central en el debate político nacional. Mientras sus familiares y seguidores reclaman justicia plena, las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación para establecer todas las responsabilidades alrededor de uno de los crímenes políticos más impactantes de los últimos años en Colombia.
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