El partido Cambio Radical rechazó de manera contundente la decisión anunciada por la presidenta de la Comisión de Acusaciones, Gloria Arizabaleta, de solicitar la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro por presunta participación en política. La colectividad calificó el episodio como una “noticia falsa” y una “operación política diseñada” para generar confusión en medio de la campaña presidencial.
Según Cambio Radical, la congresista no tiene competencia constitucional para suspender por sí sola al jefe de Estado, razón por la cual consideran que presentar la medida como una suspensión efectiva constituye una interpretación errónea de las facultades de la Comisión de Acusaciones. El partido insistió en que cualquier eventual suspensión presidencial requeriría un procedimiento mucho más amplio que involucra a la Cámara de Representantes y posteriormente al Senado de la República.
La controversia se produjo después de que Arizabaleta, quien pertenece al Pacto Histórico, expidiera una medida cautelar dentro de una investigación relacionada con la presunta participación de Petro en la campaña presidencial. La decisión plantea que el mandatario debería apartarse temporalmente del cargo hasta la celebración de la segunda vuelta electoral del próximo 21 de junio.
Sin embargo, expertos constitucionales, dirigentes políticos e integrantes del propio Gobierno han cuestionado la viabilidad jurídica de la actuación. Incluso el ministro del Interior, Armando Benedetti, sostuvo que solo el Senado podría adoptar una decisión de esa naturaleza después de surtirse los procedimientos constitucionales correspondientes.
En su pronunciamiento, Cambio Radical afirmó que la polémica decisión termina favoreciendo políticamente al presidente al generar una narrativa de persecución institucional en plena campaña electoral. Por ello, la colectividad aseguró que la medida carece de efectos reales y que el mandatario continúa ejerciendo plenamente sus funciones.
El episodio se suma a la creciente tensión política que rodea las elecciones presidenciales de 2026. Mientras avanzan investigaciones en la Comisión de Acusaciones sobre presunta intervención en política por parte del presidente, el debate se ha trasladado ahora al terreno constitucional, donde distintos sectores discuten el alcance real de las facultades de ese organismo.
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