La controversia por la supuesta suspensión del presidente Gustavo Petro sumó un nuevo capítulo luego de que el presidente del Congreso, Lidio García, rechazara de manera categórica la decisión adoptada por la representante Gloria Arizabaleta y dejara claro que dicha medida no tiene viabilidad constitucional.
García aseguró que la actuación de Arizabaleta no produce efectos jurídicos y recordó que la Constitución establece procedimientos específicos para cualquier eventual suspensión de un jefe de Estado. Según explicó, una decisión de esa magnitud no puede ser tomada de manera unilateral por la presidenta de la Comisión de Acusaciones, por lo que el anuncio carece de sustento legal.
La polémica comenzó cuando Arizabaleta expidió una medida cautelar dentro de una investigación por presunta participación en política del mandatario y ordenó su suspensión provisional hasta la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio. La congresista sostuvo que actuó dentro de las facultades que considera le otorga la ley y posteriormente anunció que remitiría el expediente al Senado.
Sin embargo, la reacción institucional fue inmediata. Desde distintos sectores políticos y jurídicos se advirtió que la Comisión de Acusaciones no tiene competencia para separar del cargo al presidente de la República mediante una decisión individual de su presidenta. A las críticas se sumaron dirigentes de oposición, expertos constitucionalistas e incluso funcionarios del propio Gobierno.
El pronunciamiento de Lidio García es considerado uno de los más relevantes hasta ahora debido a que proviene de la autoridad que preside el Congreso de la República, corporación que tendría un papel determinante en cualquier proceso relacionado con la responsabilidad política o constitucional del jefe de Estado.
La posición del presidente del Congreso coincide con las expresadas previamente por el ministro del Interior, Armando Benedetti, y por varias colectividades políticas, entre ellas Cambio Radical, que calificaron la medida como jurídicamente improcedente.
Mientras tanto, Petro respondió a las acusaciones asegurando que “no he participado en política” y defendió la legalidad de sus actuaciones durante el proceso electoral. El mandatario continúa ejerciendo plenamente sus funciones y desarrollando su agenda oficial.
Con la intervención del presidente del Congreso, el episodio parece encaminarse hacia su cierre institucional. Aunque la investigación por presunta participación en política podría seguir su curso en los organismos competentes, la posibilidad de una suspensión inmediata del mandatario quedó prácticamente descartada por quienes tienen la responsabilidad de interpretar y aplicar los procedimientos constitucionales.
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